El Diputado local Mario Sánchez, del PAN, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa integral contra el despojo que busca fortalecer la capacidad de las autoridades para investigar este delito, identificar posibles redes y, especialmente, generar mejores condiciones para proteger y restituir el patrimonio de las víctimas cuando jurídicamente corresponda.
Sánchez Flores advirtió que el problema no puede medirse únicamente por el número de denuncias o carpetas de investigación abiertas, sino por la capacidad de las instituciones para detener los efectos del delito y lograr que las personas afectadas puedan recuperar sus inmuebles.
Entre enero de 2020 y abril de 2026 se reportó la apertura de más de 25 mil carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México, de acuerdo con los datos retomados en la iniciativa.
“Abrir una carpeta de investigación no significa hacer justicia y tampoco significa que una familia haya recuperado su casa. Necesitamos que las instituciones tengan herramientas para actuar antes de que el tiempo termine beneficiando a quien pretende apropiarse ilegalmente de un inmueble”, señaló Mario Sánchez.
El legislador cuestionó además que, pese a la magnitud de esta problemática, el despojo haya quedado fuera de la información destacada en el Informe de Gobierno recibido por el Congreso capitalino, y sostuvo que la ausencia del tema en dicho documento no significa que haya dejado de afectar a las familias de la capital.
La propuesta plantea fortalecer las atribuciones de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, sin crear una nueva Fiscalía, para mejorar el análisis de patrones, la vinculación de investigaciones y la identificación de personas, documentos o mecanismos que pudieran repetirse en distintos casos.
También propone crear un Registro Institucional de Investigaciones por Despojo, de carácter administrativo y estadístico, que permita concentrar y analizar información relacionada con las investigaciones para fortalecer las tareas de prevención, investigación y persecución del delito.
La iniciativa reforma además el Código Penal para actualizar la respuesta frente a mecanismos utilizados para apoderarse ilegalmente de inmuebles, incluyendo conductas relacionadas con abuso de confianza, simulación, suplantación de identidad y utilización fraudulenta de documentos o procedimientos.
Asimismo, contempla agravantes para supuestos como la afectación de la vivienda habitual o principal medio de subsistencia; víctimas adultas mayores, con discapacidad o en otras condiciones de vulnerabilidad; utilización de documentos falsos; intervención dolosa de servidores públicos o profesionales aprovechando sus funciones; explotación económica del inmueble; y la preocupación de una propiedad después de haber sido restituida.
Sánchez Flores precisó que la reforma no busca criminalizar controversias civiles, familiares, sucesorias o derivadas de arrendamientos, pues la existencia de estos conflictos por sí misma no sería suficiente para configurar el delito; deberá acreditarse la conducta dolosa y la utilización de los mecanismos ilícitos o fraudulentos previstos en la legislación penal.
Otro de los componentes centrales consiste en establecer mecanismos de especialización de personas juzgadoras para atender solicitudes urgentes relacionadas con el despojo, incluyendo medidas dirigidas a impedir que continúe la afectación y, cuando resulte jurídicamente procedente, resolver sobre la restitución provisional del inmueble.
“Una víctima no necesita solamente que después de varios años una autoridad le diga que tenía razón. Necesita que el Estado tenga capacidad de reaccionar mientras todavía es posible impedir que el daño continúe. El tiempo debe correr a favor de la justicia y no de quien pretende despojar a una familia de su patrimonio”, afirmó.
Durante la presentación, Mario Sánchez hizo un reconocimiento público a Federico Döring Casar, al señalar que la iniciativa recoge un trabajo originalmente impulsado por él, posteriormente revisado y adecuado jurídicamente para convertirlo en la propuesta presentada ante el Congreso de la Ciudad de México.
“En política también debemos saber reconocer de dónde vienen las buenas ideas. Este trabajo fue originalmente impulsado por Federico Döring; lo retomamos, lo revisamos y lo adecuamos jurídicamente. Hoy lo hacemos nuestro porque cuando una propuesta puede proteger el patrimonio de las familias, lo importante no es quién se lleve el crédito, sino convertirla en una solución para la gente”, expresó Sánchez Flores.
Finalmente, el Diputado sostuvo que el objetivo de la reforma es construir una respuesta integral frente al despojo que abarque prevención, investigación especializada, protección de las víctimas, sanción de los responsables y mecanismos que permitan recuperar el patrimonio cuando legalmente corresponda.

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