Las mujeres indígenas continúan viviendo con niveles de pobreza, rezago educativo, discriminación y violencia muy superiores a los del resto de la población.
En 2022, alrededor de dos terceras partes se encontraban en situación de pobreza y más de una cuarta parte en pobreza extrema
La situación que enfrentan millones de mujeres y niñas indígenas en el país. Los datos muestran una realidad que no puede ocultarse detrás de discursos oficiales.
Las mujeres indígenas continúan viviendo con niveles de pobreza, rezago educativo, discriminación y violencia muy superiores a los del resto de la población.
De acuerdo con investigaciones de las secretarías de Igualdad y la de Inclusión de SOMOS, en el 2022, alrededor de dos terceras partes de las mujeres indígenas estaban en situación de pobreza y más de una cuarta parte en pobreza extrema.
En 2024, el analfabetismo entre las mujeres indígenas alcanzaba 20.1%, frente a 3.6% entre las mujeres no indígenas. A estas desigualdades se suma una realidad especialmente dolorosa: 45.4% de las mujeres hablantes de una lengua indígena había sufrido violencia durante su infancia.
Las niñas indígenas enfrentan, además, graves rezagos educativos y una exposición creciente a distintas formas de violencia sexual, criminal y territorial.
Frente a esta situación, los gobiernos de Morena han tomado decisiones que debilitaron instrumentos específicos destinados precisamente a combatir estas desigualdades. Programas dirigidos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres indígenas fueron transformados o severamente reducidos.
El programa económico indígena que en 2020 tenía 806.9 millones de pesos aprobados, terminó con un presupuesto modificado de apenas 47.45 millones.
Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, fundamentales para atender violencia y defender derechos con pertinencia cultural, mantuvieron durante años prácticamente el mismo presupuesto nominal, lo que significó una pérdida de capacidad real ante la inflación.
También desapareció el presupuesto propio del Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. Y Escuelas de Tiempo Completo perdió su presupuesto como programa independiente, a pesar de que más del 70% de los planteles que atendía eran indígenas y rurales.
No se trata solamente de cifras presupuestales. Cuando el Estado debilita programas educativos, productivos, de atención a la violencia y de fortalecimiento de capacidades locales, las consecuencias recaen sobre las personas que ya enfrentan las mayores desventajas.
Para una mujer indígena que vive lejos de una fiscalía, que enfrenta barreras lingüísticas, que carece de ingresos propios o que habita en un territorio dominado por organizaciones criminales, la desaparición o reducción de un programa especializado puede significar una barrera adicional para estudiar, trabajar, denunciar una agresión o escapar de la violencia.
México no puede conformarse con reconocer derechos en las leyes mientras reduce las herramientas necesarias para ejercerlos.
Las mujeres y niñas indígenas deben ocupar un lugar central en las políticas públicas. Esto requiere recuperar presupuestos específicos, fortalecer las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, reconstruir políticas educativas interculturales, impulsar programas propios de autonomía económica y garantizar instituciones de seguridad y justicia capaces de llegar efectivamente a sus comunidades.
La igualdad no puede limitarse a transferencias generales ni a declaraciones oficiales. Las mujeres indígenas necesitan políticas propias, presupuesto suficiente, instituciones cercanas y protección efectiva.
Para SOMOS, una política de igualdad se mide por la capacidad del Estado para proteger a quienes enfrentan las mayores desigualdades.
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