Nueva ley de protección civil lacera seguridad jurídica de comercios

Alina Archundia

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo Ciudad de México, condenó las modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital, al considerar que representan un retroceso para combatir la corrupción y es violatoria de la seguridad jurídica.

Precisó que la ley anterior, representó un avance histórico que brindó certeza jurídica y demostró un verdadero interés de tener un andamiaje jurídico que transformara el viejo trámite de protección civil, en un instrumento real de prevención y mejora a través de la gestión integral de riesgos.

Sin embargo, expuso el organismo patronal en un comunicado, la modificación a la ley elimina la operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.

Asimismo, cancela la posibilidad de que empresas particulares presten servicios relacionados con la gestión integral de riesgos y protección civil, además de restringir —de manera inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para prestar el servicio.

La Coparmex Ciudad de México, agregó que la nueva legislación eliminó el acuerdo que liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, con lo que ahora se encuentran en un “limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los verificadores.

“Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, pero lo aprobado fue totalmente diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a discutir las modificaciones representó solo una simulación”, aseguró el organismo.

Por lo anterior, el sector patronal de la Ciudad de México expuso que es importante reforzar y garantizar la transformación en donde la gestión integral de riesgos y la protección civil dejan de ser un trámite y se convierten en herramientas para la prevención,

Asimismo que se lleve a cabo la realización de mesas de trabajo y discusión para revertir los efectos de la nueva ley que afecta la seguridad jurídica de los centros de trabajo, los empleos de los trabajadores, y, sobre todo: la seguridad de mujeres, hombres, niñas y niños que viven o visitan la ciudad.