En 2011, México vivió una auténtica primavera en materia de derechos humanos. A pesar de las dificultades derivadas de la inseguridad, los partidos políticos aprobaron por unanimidad una ambiciosa reforma constitucional que transformó de manera profunda los derechos de las personas. Años antes se había instaurado el sistema penal acusatorio y se había fortalecido el derecho penal mediante un amplio conjunto de garantías.
Hay que reconocer que el gobierno de Felipe Calderón y su partido participaron en la construcción de este nuevo marco de protección de los derechos humanos y de las instituciones que lo acompañaron. Hago esta precisión porque, aunque López Obrador los ha catalogado como conservadores, en los hechos respaldaron reformas de carácter progresista.
Todo ello ocurrió en medio de la crisis humanitaria provocada por la acción del crimen organizado. Difícilmente podría afirmarse que, en estos tiempos, Morena se hubiera atrevido a impulsar un marco de protección de los derechos humanos de la magnitud del que entonces se aprobó.
El primer gobierno que se dice de izquierda en Palacio Nacional ha mostrado, por el contrario, una tendencia regresiva en materia de libertades y derechos. De manera deliberada, cooptó al órgano garante de los derechos humanos y desmanteló otros contrapesos institucionales que le resultaban incómodos. Al mismo tiempo, amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, redujo el alcance del juicio de amparo y dejó de atender las recomendaciones de los organismos que integran el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La Universidad Anáhuac y la prestigiosa editorial Ubijus publicaron recientemente un interesante volumen titulado Populismo penal y La falacia de la seguridad. La obra reúne 23 trabajos de destacados investigadores de distintos países que analizan, como señala la contraportada, la forma en que el derecho penal es utilizado por las “democracias” populistas, convirtiéndose en un instrumento de opresión, exclusión y violencia.
Coordinado por Alfredo Dagdud y Javier Espinoza de los Monteros, este libro resulta imprescindible para comprender y enfrentar una demagogia cada vez más frecuente: la construcción de sistemas penales severos e injustos como respuesta aparente a problemas que, en realidad, son consecuencia de la incapacidad gubernamental.
La llegada del autoritarismo de Morena, la polarización que vive México y la influencia de una legión de charlatanes especializados en marketing político han favorecido la incorporación de numerosas normas de corte populista a nuestro sistema jurídico. Se trata de disposiciones que vulneran los derechos humanos, pero que resultan atractivas para ciertos sectores de la sociedad.
La caquistocracia que hoy nos gobierna ha demostrado ser particularmente eficaz en la creación de fantasías inútiles. Quizá le sería de gran utilidad leer la obra de Dagdud y Espinoza de los Monteros.
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