Propone Liz Salgado fortalecer el derecho a la salud mental en la constitución local

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Diputada local panista Liz Salgado presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México y establecer garantías específicas para la protección de la salud mental, con énfasis en la promoción, prevención, detección oportuna, acceso a servicios, atención de crisis y recuperación.

La panista explicó que la Constitución capitalina ya reconoce la salud mental como parte del derecho general a la salud, por lo que la propuesta no pretende crear un nuevo derecho, sino desarrollar su contenido y establecer un piso constitucional que oriente la legislación, las políticas públicas y la actuación de las autoridades de la Ciudad de México.

“Reconocer un derecho no es lo mismo que desarrollar las condiciones para garantizarlo. Hoy la salud mental aparece en nuestra Constitución como parte del derecho a la salud, pero necesitamos establecer con mayor claridad sus principios, garantías y las obligaciones de las autoridades”, señaló.

Salgado advirtió que la dimensión del problema exige avanzar hacia una política pública que no comience únicamente cuando una persona presenta un trastorno o atraviesa una crisis.

De acuerdo con el Módulo de Bienestar Autorreportado 2026 del INEGI, 21.8 por ciento de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad y 13.4 por ciento indicios de depresión. La diputada precisó que estos indicadores no constituyen diagnósticos clínicos, pero sí permiten dimensionar la presencia de síntomas relacionados con la salud mental en una proporción relevante de la población.

“La salud mental también es salud, pero tiene características que requieren una respuesta específica. No se trata solamente de atender enfermedades o trastornos. Tenemos que promover el bienestar, fortalecer factores protectores, prevenir, detectar oportunamente, atender y acompañar la recuperación de las personas”, afirmó.

La reforma propone incorporar al artículo 9 de la Constitución capitalina obligaciones específicas para promover la salud mental y prevenir problemas y trastornos; garantizar acceso universal, equitativo y sin discriminación a servicios accesibles, oportunos, continuos, integrales y de calidad; y establecer garantías particulares para niñas, niños y adolescentes, todo ello desde un enfoque salutogénico.

También plantea impulsar un modelo prioritariamente comunitario orientado a la recuperación, autonomía e inclusión social; garantizar la atención inmediata de las crisis, así como la referencia, seguimiento y continuidad de los cuidados; y fortalecer la protección de la dignidad, autonomía, voluntad y consentimiento informado de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

Salgado destacó que esta reforma constitucional es el punto de partida y no el final de la política pública.

“Ponerlo en la Constitución no resuelve por sí mismo el problema. Después tendrá que venir el desarrollo legislativo, los reglamentos y protocolos, los programas públicos, la coordinación institucional, los servicios, el personal especializado y los recursos presupuestales necesarios para hacerlo realidad. Porque un derecho que sólo existe en el papel sigue siendo un derecho pendiente”, sostuvo.

“Durante mucho tiempo hemos hablado de salud mental cuando el problema ya apareció. Tenemos que pasar de reaccionar a prevenir; de atender solamente la enfermedad a promover también la salud; y de reconocer la salud mental en nuestra Constitución a construir las condiciones para garantizarla realmente”, concluyó Liz Salgado.