Pueblos y Barrios Originarios concluyen definición de proyectos de Presupuesto Participativo

>> Se ha realizado el 100 por ciento de los actos y eventos de determinación y decisión

>> Continúa el proceso de dictaminación de proyectos para los ejercicios fiscales 2026 y 2027

La Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer el avance en la determinación y dictaminación de proyectos de Presupuesto Participativo en Pueblos y Barrios Originarios.

Con corte al 20 de mayo de 2026, se reporta la realización de 87 actos o eventos de determinación y decisión en estas comunidades, lo que representa el 100 por ciento de las actividades previstas para este proceso.

Derivado de estos actos, fueron determinados 95 proyectos para el ejercicio fiscal 2026 y 97 proyectos para 2027, los cuales serán sometidos al correspondiente proceso de dictaminación técnica y de viabilidad.

Respecto a la etapa de dictaminación, se reporta que 73 proyectos ya fueron dictaminados, de los cuales 57 corresponden a Pueblos y 16 a Barrios Originarios. Del total, 67 proyectos fueron evaluados por los Órganos Dictaminadores de Alcaldía y seis directamente por las alcaldías.

Aún permanecen pendientes de dictaminación 101 proyectos, de los cuales 81 corresponden a Pueblos y 20 a Barrios Originarios. El plazo límite para concluir esta etapa vence el próximo 19 de junio de 2026.

En el caso de los Pueblos y Barrios Originarios, la definición de proyectos de Presupuesto Participativo se realiza mediante mecanismos comunitarios de deliberación y decisión colectiva, en respeto a sus sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización.
A través de actos y eventos comunitarios –como asambleas o espacios de decisión reconocidos por cada comunidad– las personas habitantes alcanzar acuerdos para determinar los proyectos que consideran prioritarios para su territorio. Posteriormente, las propuestas definidas son remitidas a los Órganos Dictaminadores de Alcaldía o a las instancias competentes para su evaluación técnica, jurídica, ambiental y financiera, a fin de determinar su viabilidad para ejecución.