Vicente Fox se erige como el factor que pretende “arrebatarle” el poder a Morena durante el proceso electoral 2027.
Sin duda, se trata de el más conspicuo representante de Acción Nacional, al tener origen empresarial y por ende haber sido presidente de la República.
Aquí vale la pena recordad que Fox fue el principal propagandista para que Andrés Manuel López Obrador ganara notoriedad.
Desde la residencia oficial de Los Pinos, el entonces mandatario se obsesionó en cerrarle el paso al político de Tabasco.
Incluso, a través de su vocero Rubén Aguilar, el político de las botas, replicaba, refutaba o censuraba las declaraciones de López Obrador en sus conferencias matutinas.
En los hechos, el ex presidente encumbró a Obrador, puesto que impulsó su desafuero y a punto estuvo de meterlo a la cárcel, lo que evitaron los panistas Gabriela Cuevas y Federico Döring.
¿Podrá Fox concretar lo que plantea? ¿Con una oposición zigzagueante? ¿Qué no atina a definir su ruta de eventuales alianzas?
¿Morena y aliados se quedarán de brazos cruzados? No lo han hecho, y frente a lo que consideran ese amago, pues con mayor razón.
De inicio el partido en el poder, echó a andar un primer bloque de eventuales aspirantes con miras a lograr un mayor posicionamiento.
El encuentro Fox-Alito le dio pretexto al régimen para revivir la consigna que conjunta a los dos partidos: el “prian”.
Pero, además, los dirigentes que pretenden constituir el bloque opositor, sólo han dado los primeros pasos.
El camino está lleno de escollos e intereses personales difíciles de conciliar, como sucedió en las anteriores alianzas que al final resultaron fallidas.
Mientras tanto, Morena tiene un has bajo la manga, y es el Partido de la Revolución Democrática, con registro en 13 entidades, de las cuales estaría en posibilidad de sumar como aliados al menos a unos ocho o nueve estados.
Es decir que además de sus aliados PT y PVEM -aún y con sus vaivenes-, la suma del PRD, le podría acarrear una buena cantidad de votantes que al final estarían bajo las siglas del partido amarillo.
Habrá cuestionamientos, por supuesto, como los hubo en las alianzas perredistas con el PAN, PRI e incluso MC.
Es temporada de alianzas, acuerdos y pactos. De la habilidad de los negociadores dependerá la fortaleza tanto de opositores como del partido en el poder.
PROSPECCIÓN… Al cumplirse un año de la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación, y ante la presidenta, Claudia Sheinbaum, así como de los presidentes de las mesas directivas del Senado, Higinio Martínez Miranda, y de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz destacó la importancia de mantener un diálogo constructivo con autoridades de los tres ámbitos de gobierno y del Poder Legislativo.
Ante invitados especiales como magistrados, senadores, diputados, integrantes del gabinete presidencial, quedó de manifiesto que dicho esfuerzo conjunto busca transitar hacia una justicia humanista, cercana y comprometida, asegurando que el Poder Judicial no actúe de manera distante o aislada frente a los grandes retos que afronta la nación. No obstante, esta estrecha vinculación y suma de voluntades institucionales no comprometen la independencia y soberanía que definen la labor jurisdiccional… EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (TFJA) que preside José Ramón Amieva, inhabilitó con 10 años e indemnizaciones por más de 331 millones de pesos a ex funcionarios de Oaxaca y del Infonavit, por omisiones graves en la administración de recursos y supervisión de servicios contratados.
En el primer caso, el ex tesorero y ex coordinador de Control Financiero de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, omitieron administrar debidamente recursos del Ramo 23 del Ejercicio Fiscal 2017, que los obligaba a reintegrar a la Tesorería de la Federación, 228 millones 669 mil 296.87 pesos. El TFJA impuso a ambos inhabilitación de 10 años y la indemnización equivalente a la cantidad no reintegrada.
Respecto del Infonavit, el Tribunal resolvió inhabilitar por 10 años al ex gerente de Control y Seguimiento del Instituto, quien en enero de 2018 omitió supervisar y ejecutar un contrato por el que se pagó a la empresa 102 millones 370 mil 382.07 pesos. La sanción también incluye reintegrar al erario dicha cantidad erogada.

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