Sin Protocolo / Partido judicial

La 4T politizó al Poder Judicial y lo despedazó, a grado tal de llevarlo a una fallida elección sin pies ni cabeza.

La reforma judicial obligó a renunciar a quienes no participaron en el proceso electoral judicial.

Y quienes decidieron contender en la elección, se encontraron con una campaña que derivó en fiasco.

Convirtió de facto en políticos a los juzgadores; es decir, quienes jamás se imaginaron hacer campaña, lo hicieron.

Y padecieron en carne propia la serie de trampas y triquiñuelas que suelen hacer los políticos con el único objetivo de alcanzar el poder.

Con base en ese aprendizaje, un grupo de jueces y magistrados defenestrados, se propuso jugar la misma estrategia que sus verdugos y detractores.

Decidieron impulsar la constitución de un partido político, al que estarían denominando partido “Ciudadanía Ya”.

La idea surgió desde que se conoció la propuesta de reforma judicial; desde ese momento se empezó a gestar un movimiento en su contra.

A dicho movimiento se unieron miles de personas en todo el país, con la activa participación de diversas organizaciones que fueron identificadas como la “Marea Rosa”.

El magistrado federal en retiro, Reynaldo Reyes Rosas, junto con un grupo de ciudadanos, se han propuesto impulsar el proyecto político partidista.

Reyes Rosas fue el primero en encabezar la presentación de cinco amparos contra la reforma judicial.

En diversos encuentros aboga por despertar a jueces y magistrados, porque –dijo- “tenemos en nuestras manos la oportunidad de construir un país con un verdadero Estado de derecho y libertades”.

Dicho grupo optó en enero pasado, por formar la organización “Ciudadanía Ya”, con el objetivo de ser legalmente reconocidos, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como un partido político.

El proyecto de nueva fuerza política tiene el propósito de construir un país donde se promueva, se protejan y se respeten los derechos humanos.

Adicionalmente, buscarán recuperar la arquitectura del Poder Judicial Federal.

Y, en esa medida, reestablecer los pesos y contrapesos propios de una real división de poderes; esto, para alcanzar el ideal de ser un Estado constitucional y de derecho.

“Ciudadanía Ya”, entiende que México requiere del surgimiento de una nueva fuerza política conformada por y al servicio de los ciudadanos.

En estos días “Ciudadanía Ya”, inició sus asambleas constitutivas, requisito fundamental para el proceso de registro ante el INE.

Así, ese silencioso movimiento busca recobrar el Estado de derecho destrozado y con ello, la desaparición de la división de poderes.

PROSPECCIÓN… Jueces del Poder Judicial de Yucatán extendieron por un año más la medida cautelar de arresto domiciliario con brazalete electrónico al ciudadano con identidad reservada EJCR, acusado de fraude en una disputa patrimonial sin violencia por terrenos en Quintana Roo, en una audiencia celebrada el pasado 10 de julio. La decisión, que prolonga el encierro a ocho años sin juicio en primera instancia, por un caso el cual había sido ganado en todas las instancias por EJCR en Quintana Roo, ha sido criticada por presuntas irregularidades judiciales vinculadas a la administración anterior del exgobernador Mauricio Vila Dosal. El caso, bajo la carpeta judicial 70/2018, inició en 2018 y se volvió a abrir en Yucatán por supuesta planeación del delito en un avión sobrevolando el estado, un argumento considerado absurdo por la defensa. Como se ha desahogado en el caso, EJCR poseía actos de dominio completos sin rendición de cuentas sobre los terrenos en disputa en el caso, respaldados por poderes notariales válidos y escrituras por notarios profesionales, y ganó el caso en todas las instancias en Quintana Roo. Sin embargo, el caso fue trasladado a Yucatán, con la justificación mencionada de que el “delito” se planeó en un vuelo arriba del Estado, violando principios constitucionales de jurisdicción (artículos 16 y 20) y carente de toda seriedad material, según expertos legales. Inicialmente, no fue vinculado a proceso por falta de evidencia y procedencia, pero un fallo sin precedentes lo revirtió, imponiendo prisión preventiva que superó los límites constitucionales de dos años, extendiéndose a siete años pese a no haber violencia en el delito patrimonial. La medida cautelar que privó de su libertad a EJCR, fue impuesta por ir a buscar unos medicamentos a la entrada de su privada.