16 de agosto de 2026

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Transparencia, clave para que mujeres no sean víctimas de corrupción y visibilicen violencia de género

Redacción 14 de abril de 2024 4 min de lectura

La transparencia y el derecho de acceso a la información son herramientas clave para que las mujeres cuenten con elementos que les permitan evitar ser víctimas de corrupción, visibilizar la violencia que padecen y ejercer otros derechos, planteó Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Desde el INAI estamos comprometidos con los esfuerzos para que la transparencia y el acceso a la información, más allá de que, de pronto resulte incómoda, sea, sobre todo, útil para romper el ciclo de la corrupción. Tanto para la parte preventiva, como para visibilizar los actos que implican el desvío de recursos públicos para objetivos privados”, afirmó.

Al participar en la presentación del libro Mujeres y Anticorrupción, organizada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Ibarra Cadena planteó tres rutas para que, mediante el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, se combata la corrupción.

En primer lugar, la Comisionada del INAI señaló que se debe garantizar el derecho a la información y la transparencia proactiva para que las mujeres conozcan los medios de defensa frente a ese fenómeno, pues entre los factores que afectan la denuncia está la falta de conocimiento sobre dónde y cómo hacerlo, qué derechos tienen las víctimas, las medidas de protección que pueden pedir o cuáles son las medidas reparatorias.

“Hoy se cuenta con políticas públicas que buscan que la gente pueda aprovechar la información pública para resolver problemáticas sociales, una de estas está enmarcada en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información”, resaltó.

Asimismo, Ibarra Cadena apuntó que otro paso consiste en revolucionar la práctica archivística, para crear datos desde una perspectiva de género que nos permita reconocer sus problemáticas. Agregó que, para tal efecto, la información que poseen los sujetos obligados debe ser categorizada desde un enfoque que permita documentar las problemáticas de las mujeres y la forma particular en que les afecta la corrupción.

Como tercer paso, Ibarra Cadena indicó que es necesario fortalecer la labor de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia, a efecto de crear políticas públicas que inhiban la corrupción contra mujeres, pues son espacios ideales para impulsar indicadores, así como estudios que ofrezcan una panorámica integral de ese fenómeno.

“La importancia de que las instituciones con distintas materias de especialidad colaboremos estriba en que podemos conjugar nuestras experiencias para encontrar soluciones comunes a un flagelo que tiene un gran impacto en nuestra sociedad”, aseveró.

A su vez, María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y coordinadora de la obra, comentó que en su labor impulsa que se juzgue a las mujeres con perspectiva de género; asimismo, consideró que la corrupción puede ser la causa de volver vulnerable a un grupo poblacional, especialmente a las mujeres.

En su oportunidad, Claudia Sofía Corichi García, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y coordinadora de la obra, aseguró que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, lo mismo que la desigualdad, por lo que hay que dialogar sobre estos temas y que la corrupción sea vista como algo que perjudica, sobre todo, a la gente con mayores carencias y, doblemente, a las mujeres.

Al hacer uso de la voz, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la Segunda Sección de la Sala Superior y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA, resaltó la necesidad de que se tipifique la violencia sexual en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos e insistió en que el acoso, el hostigamiento y la extorsión sexual son conductas que afectan más a las mujeres y es necesario que se reconozcan explícitamente como faltas administrativas graves para favorecer su sanción.

También participaron Aran Mayola Huguet, Coordinador de Proyectos Anticorrupción de las Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); Nimbe Durán Téllez, titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Federal de Electricidad; Leonor Quiroz Carrillo, Directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno en Pepsico e Integrante del Comité de Diversidad e Inclusión, y Gloria Luz Alejandre Ramírez, Secretaria General de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU A.C.

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