El estado de Veracruz se ha convertido en uno de los principales focos de reclutamiento infantil por parte del crimen organizado, lo que ha encendido las alarmas en instancias gubernamentales y legislativas. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Lorena Villavicencio Ayala, anunció la creación de mesas de trabajo con legisladores para atender esta problemática desde distintos frentes.
Villavicencio Ayala subrayó que este fenómeno no solo es un tema legislativo, sino que responde a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran miles de niños y adolescentes. La falta de acceso a educación, la precariedad económica y la ausencia de redes de apoyo hacen que estos menores sean blanco fácil para grupos delictivos.
“Debemos garantizar que las niñas y niños permanezcan en las escuelas. Quizá sea necesario fortalecer el modelo de escuelas de tiempo completo para reducir la exposición a estos grupos delincuenciales”, señaló.
Para abordar esta situación, se prevé que en un mes inicien los trabajos en conjunto con legisladores federales, una vez que concluyan los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Además, las futuras mesas de justicia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes contarán con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el fin de construir una estrategia integral.
Destacó que Veracruz enfrenta un riesgo mayor debido a que es la tercera entidad con mayor población infantil en el país. “Cuando hay mayor población, también hay mayor desigualdad, mayor violencia y mayores afectaciones a los derechos humanos”, explicó.
Por ello, enfatizó que el esfuerzo de Sipinna se centrará en fortalecer la protección a la infancia en Veracruz, con especial atención en Xalapa y otros municipios. Entre las posibles estrategias a considerar se encuentran el refuerzo de políticas públicas en materia educativa, de salud y de seguridad social, así como la implementación de mecanismos de protección que dificulten el acceso del crimen organizado a los menores.
El desafío es de gran magnitud, pero el reconocimiento de esta problemática como una prioridad nacional abre la posibilidad de generar acciones efectivas para garantizar el bienestar y desarrollo de la niñez en Veracruz y en el resto del país, finalizó.

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