Al parecer la presidenta Claudia Sheinbaum va en serio en contra de los candidatos ligados a la delincuencia organizada.
De ser así, con seguridad se ganará el aplauso de los distintos sectores de la sociedad.
Aunque ello implique cerrarle el paso a un tétrico caudal de aspirantes del partido Morena.
¿Ello tendrá consecuencias? Seguramente. En los últimos años, lograron triunfos arrolladores con las carretadas de dinero sucio.
Prácticamente lograron -con sus aliados- apoderarse de la mayoría de las gubernaturas del país.
Lo mismo sucedió en las cámaras federales del Congreso, donde son mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Casi dominan o controlan la mayoría de los Congresos estatales, aunque sus incultos representantes apenas sean capaces de balbucear en tribuna.
De hecho, la propia presidenta reconoció que la iniciativa de reforma responde a “casos recientes de presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado”.
La propuesta incluye reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe).
Se trata de crear un mecanismo que permita a los partidos consultar información de seguridad sobre aspirantes a candidatos.
La iniciativa propone crear la “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicha instancia funcionará como enlace entre partidos y autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, tendría comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las mencionadas dependencias deberán reportar al INE para que éste a su vez informe a los partidos, cuando haya dudas sobre las ligas de sus aspirantes.
El objetivo es que la reforma esté lista para aplicarse durante el proceso electoral 2027 que arrancará oficialmente el próximo mes de septiembre.
Es evidente que el anuncio de Sheinbaum atañe sobre manera a su movimiento (partido-gobierno).
PROSPECCIÓN… Este jueves, la ex alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, renunció al PRD de Jesús Zambrano y de Víctor Hugo Lobo Román (sí, aunque suene contradictorio al ser diputado federal de Morena por el Estado de México), a pesar de que días antes había festejado en redes que tenían partido amarillo. Alfa acudió al Congreso de la Ciudad de México, y en rueda de prensa con Jesús Sesma, y su grupo parlamentario, anunció su incorporación al PVEM. Luego en sus redes Alfa anunció que tiene la mira puesta en Tlalpan, alcaldía que gobernó de 2021 a 2024, pero la ciudadanía tlalpense la rechazó para un segundo mandato. Del lado de Morena, pronto hubo respuesta y su coordinadora Xóchitl Bravo, se fotografió con los diputados de Tlalpan y sostuvo: “En Tlalpan sólo hay un camino, la Cuarta Transformación”. A Sesma no le causó conflicto que, a inicios de 2025, la Contraloría General de la Ciudad de México, anunció que auditaría la gestión de Alfa por denuncias de una red de extorsión a comerciantes. Por cierto, Sesma debe pensar dos veces, si acepta que Alfa se lleve consigo al Verde a Aurelio Alfredo Reyes García, el operador financiero de Jesús Zambrano. Ahí andaba muy contento.

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