Sin Protocolo / Temporada de retroceso

En México volver a los tiempos del retroceso parece ser la moda. No importa de quién proceda ese actuar.

Hay múltiples acusaciones contra políticos mexicanos, en especial, quienes ejercen el poder o liderazgo en el Partido Morena.

Y no pasa absolutamente nada. Desde Palacio Nacional, ya es moda la cantaleta de exigir “pruebas”, “pruebas”.

Las declaraciones de los capos entregados al gobierno de Donald Trump, han puesto el dedo en la llaga.

Sus señalamientos, les dan sustento a las agencias de inteligencia del vecino país para configurar presuntos nexos con el crimen organizado.

Ha sido vox populi, el hecho de que, una vez concluido el Mundial de Futbol, el gobierno estadounidense pondrá en marcha un operativo para capturar a quienes se han escapado del brazo de la justicia.

Sin embargo, el manto protector de Palacio Nacional pareciera que se empezará a disipar tras los desencuentros entre la clase política morenista.

Está claro que esa protección no es posible para el adversario político, como es el caso del ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo.

Dos partidos en especial, han salido en defensa del primer mandatario opositor a otro régimen antidemocrático (1989).

En Acción Nacional han levantado la voz con energía los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Fox no se limitó en exaltar las virtudes de Ruffo: “mexicano ejemplar”, “hombre íntegro, honesto y profundamente comprometido”; destacó su “rectitud, valentía y vocación de servicio”.

Calderón declaró que en contra del ex mandatario, se aplicó una “justicia selectiva” y la “justicia discriminatoria.

“Mientras, en Morena existen funcionarios acusados de narcotráfico y alianzas criminales, no son investigados”, estableció el ex presidente de México.

 El abogado defensor de Ruffo, el también panista Fernando Gómez Mont, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR), no ha presentado pruebas que vinculen a su defendido con delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. No hay pruebas, enfatizó.

El otro partido es Somos México, del cual Ruffo es miembro de su consejo consultivo.

Del lado gubernamental, existe un rosario de delitos, señalamientos, denuncias y acusaciones, pero no hay detenidos.

El más relacionado con el desfalco de Segalmex, Ignacio Ovalle, no ha sido tocado ni con la cita a una audiencia.

El senador Adán Augusto López Hernández, padrino político de Hernán Bermúdez, jefe de la policía y líder de La Barredora, no hay ni quien lo moleste.

A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, casi le aplauden que haya cometido “traición a la patria”.

Por si lo anterior fuese poco, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, lo cuida la policía y el Ejército.

Nada más y nada menos. Es temporada de retrocesos, y de aplicar una justicia selectiva, como señaló Calderón.

PROSPECCIÓN… La diputada federal Nayeli Arlen Fernández Cruz, impulsa la iniciativa para ampliar la definición de violencia psicológica y considerar también la ejercida por medios digitales o tecnológicos. La reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, incluye en esa violencia psicológica el hostigamiento, vigilancia, acoso, difusión o amenaza de difusión de información privada, el control coercitivo o cualquier otra conducta que cause daño emocional, independientemente del vínculo entre la víctima y el agresor. Asimismo, aquella consistente en patrones de conductas reiteradas de manipulación emocional, negación de hechos o distorsión deliberada de la realidad, orientadas a descalificar sistemáticamente las percepciones, recuerdos o juicios de la víctima, con el propósito de generar confusión, dependencia emocional o afectación a su autoestima, identidad o estabilidad psicológica, ya sea de manera directa o a través de medios digitales o tecnológicos.