En una década, la DPE ha impulsado una justicia electoral accesible y cercana  a la ciudadanía: Gilberto Bátiz García

En el marco de la segunda edición del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana, y la conmemoración de los primeros 10 años de labores de la Defensoría Pública Electoral (DPE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz García, reconoció que, en una década la DPE ha impulsado una justicia electoral accesible y cercana a la ciudadanía.

La Defensoría del TEPJF —subrayó— está para que ninguna persona se quede sin defensa por no saber el camino, para que el territorio no sea una desventaja, para que la falta de recursos no cierre las puertas, para que la lengua, la condición social o la exclusión histórica no impidan ejercer derechos, porque un derecho que no se entiende, no se defiende; un derecho que no se garantiza, no se ejerce, y un derecho que no se ejerce es simplemente un derecho a medias.

Advirtió que un derecho, para ser efectivo, no basta con que esté escrito en la Constitución, necesita condiciones para ejercerse y, sobre todo, para garantizarse, necesita información, defensa, instituciones capaces de abrir camino donde antes hubo distancia, desconocimiento o exclusión, por ello, la DPE ha realizado una tarea esencial para nuestra democracia: acompañar a personas, pueblos y comunidades que enfrentan mayores obstáculos para defender sus derechos político-electorales.

A 10 años de la DPE, dijo, ésta ha contribuido a que la justicia electoral sea más accesible para quienes enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos, aunque el reto pendiente es “ampliar esa presencia, mejorar las herramientas, fortalecer la atención y seguir construyendo confianza pública desde el servicio directo”.

Ante ello, destacó Bátiz García, el Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana, que se promueve en todo país, está encaminado a “llevar defensa pública electoral a los lugares donde puede hacer una diferencia concreta”.

Al tomar la palabra, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF Claudia Valle Aguilasocho destacó que acercar la justicia al territorio permite comprender mejor los contextos en los que las personas y comunidades ejercen, disputan o ven limitados sus derechos político-electorales.

Subrayó que la presencia directa de la DPE no solo abre una vía de orientación y acompañamiento para quienes enfrentan barreras de acceso a la justicia, sino que también fortalece la función institucional. Escuchar de primera mano, dijo, vuelve más consciente, más atenta y más útil la respuesta de quienes defienden y de quienes toman decisiones jurisdiccionales.

La magistrada Valle Aguilasocho señaló que la experiencia iniciada en Papantla, Veracruz, confirmó la necesidad de continuar esta ruta, pues cuando la Defensoría sale al territorio, las personas se acercan, preguntan, plantean problemas y buscan acompañamiento. Los problemas siempre han estado, solo que antes no se atendían, dijo.

Por ello, sostuvo que estas itinerancias deben entenderse como una forma de construir justicia cercana desde el diálogo con las comunidades.

En tanto, la integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, magistrada Indira Isabel García Pérez, consideró que “la nueva visión del Poder Judicial no puede limitarse únicamente a hacer reformas en las leyes, debe construirse con confianza, consolidarse con justicia, pero también con ética y responsabilidad institucional. El Tribunal de Disciplina no es ajeno a esta visión y a este eje rector que abandera el Tribunal de la Sala Superior”.

Una justicia cercana para la ciudadanía —reconoció— requiere juezas, jueces y magistrados conscientes de esa diversidad cultural y lingüística, pero también de esa empatía social para abrir las puertas de las oficinas y saber escuchar. Por ello, “me uno a este gran reto que encabeza el Tribunal de la Sala Superior para decirles que el Tribunal de Disciplina se encuentra a la altura de que nuestros jueces y magistrados sean esas personas con esa sensibilidad y con esa capacidad para poder atender y resolver”.

En su oportunidad, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Javier Ac Ordoñez, destacó los 10 años de vida de la DPE y recordó que el propósito de esta es “garantizar que ninguna persona quede excluida de la tutela efectiva de sus derechos políticos electorales por razones, bien sean económicas, sociales, culturales, lingüísticas o de cualquier otra condición de vulnerabilidad”.

Para el TEEC, indicó, cuentan las voces de quienes durante años no encontraron espacios para participar, incidir en el presente y construir un futuro y las voces de todas las personas que buscan en las instituciones electorales una respuesta justa, sensible y humana.

A su vez, el titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Julio Alberto Salgado Cano —en representación del director general del IFDP, Benjamín Rubio Chávez— refrendó el compromiso de la dependencia para garantizar que los derechos de la población históricamente discriminada sean escuchadas, protegidos con una defensa empática y cercana, pero sobre todo con una defensa de calidad y que genere resultados.

Reconoció que el programa de atención itinerante “es una respuesta pronta para salir al encuentro de quienes no pueden acercarse, es una decisión política y ética, pero sobre todo el tipo de institución que se quiere ser, que se quiere tener o que se quiere brindar a la ciudadanía”.

En la inauguración participaron la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, Indira Isabel García Pérez; el titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública, Julio Alberto Salgado Cano; la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Clara Concepción Castro Gómez; y la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, maestra Elizabeth Olvera Vázquez.

También, estuvieron presentes pueblos y comunidades indígenas de Campeche y Yucatán, así como organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Universidad Intercultural de Campeche.