20 de mayo de 2026

Dossier de Prensa

Libertad Informativa

Ordena IECM medidas cautelares y da seguimiento a denuncia por presunta violencia política de género

>> Ordena edición de materiales audiovisuales difundidos en medios de comunicación

>> Realizará diligencias vinculadas con el análisis de riesgo

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó medidas cautelares, la ampliación de un procedimiento especial sancionador y acciones de seguimiento para proteger los derechos político-electorales de la persona promovente, ante hechos que podrían constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y/o Violencia Política de Género.

Derivado de un escrito de ampliación de queja presentado el 18 de mayo, en el que se denunciaron hechos novedosos relacionados con expresiones realizadas en entrevistas televisivas y radiofónicas, el órgano colegiado aprobó la ampliación de la materia de un procedimiento especial sancionador y determinó diversas acciones para atender hechos que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

Durante la Vigésima Primera Sesión Urgente, la Comisión de Quejas avaló la procedencia de medidas cautelares relacionadas con publicaciones y contenidos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, con el fin de evitar posibles afectaciones a los derechos político-electorales de la persona promovente.

Entre las acciones aprobadas por el IECM se encuentra la edición de materiales audiovisuales correspondientes a entrevistas difundidas en medios de comunicación, así como la eliminación de publicaciones realizadas en la red social X que contienen referencias relacionadas con la identidad y expresión de género de la persona denunciante.

Asimismo, el Instituto dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares aprobadas y realizará diligencias vinculadas con el análisis de riesgo correspondiente, para lo cual solicitará a la promovente señalar fecha y hora para su aplicación.

Las medidas aprobadas se sustentan en una perspectiva de género y en la necesidad de proteger a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.