Quien traiciona a México aliándose con el crimen debe recibir todo el peso de la ley y ser inhabilitado de por vida: PRI

>>La dirigencia nacional del tricolor, encabezada por su Presidente, Alejandro Moreno, impulsa la aprobación de una reforma al Artículo 109 constitucional para establecer la inhabilitación permanente a funcionarios coludidos con la delincuencia organizada.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, impulsa una iniciativa para que los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida porque, afirmó, quien traiciona a México de esa manera no puede tener perdón.
En ese sentido, la dirigencia nacional del tricolor expuso que “los narcopolíticos de Morena creen que pueden salirse con la suya, pero las y los mexicanos unidos les vamos a demostrar que quien traiciona a México debe asumir las consecuencias”.

Por su parte, el Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que no debe haber lugar para tibiezas. “Vamos a cerrarles el paso con todo el peso de la ley, porque la gente está cansada de vivir con miedo. Es momento de poner orden, defender a las familias y enfrentar al crimen con decisión e inteligencia”, dijo.

Después de que en Sinaloa se ha señalado la existencia de una red de funcionarios vinculados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, el PRI afirmó que “defendemos a México porque es nuestra casa”, y “los narcopolíticos no tienen lugar aquí”, al tiempo que, advirtió, que tienen que recibir todo el peso de la ley.

A través de sus redes sociales, el CEN del PRI promueve la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado Christian Castro Bello, en la que se propone una reforma al Artículo 109 constitucional para establecer la inhabilitación permanente a funcionarios coludidos con la delincuencia organizada.

Además, se propone inhabilitar de por vida para volver a ocupar algún cargo público a quien acepte financiamiento ilícito en campañas políticas y redes de corrupción institucional.

Se trata de garantizar que el servicio público esté libre de cualquier vínculo con la delincuencia organizada, por lo que la inhabilitación de manera permanente para ocupar o ejercer cargos públicos abarcaría a quienes hayan ocupado el cargo por elección popular, designación, nombramiento u otro mecanismo legal.