Sin Protocolo / Adelantar revocación de mandato

En el primer círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum cobra fuerza modificar el artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato.

La pretensión es empatar la revocación de mandato con la elección federal intermedia.

Actualmente, la Constitución indica que una petición de revocación de mandato, sería durante los tres meses posteriores, una vez cumplido el tercer año de gobierno.

Ello, implicaría que el eventual proceso de revocación de mandato, pudiese celebrarse a principios de 2028.

Allegados a la presidenta Sheinbaum, cabildean modificar la Constitución, a fin de que la revocación se celebre en junio de 2027.

¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia? El fondo es evitar el desgaste y el riesgo de la revocación, ante el voto desfavorable a Morena.

En realidad la modificación a la Constitución, no tendría problema en el Congreso federal ni en los estatales.

La elección federal de 2027, cobrará especial importancia porque se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputados federales y 128 senadores.

Asimismo, 30 congresos estatales se someterán a las urnas, así como 2 mil 424 presidencias municipales.

En la Ciudad de México, se renovarán 16 alcaldías y el Congreso con sus 66 integrantes.

Adicionalmente, se celebrará la elección judicial para renovar el resto de los cargos a magistrados y jueces.

Por lo que se observa, será una elección federal de una dimensión descomunal, por el número de cargos y los recursos para campaña.

Y aun cuando se modifique la Constitución, no implica que en automático haya revocación de mandato.

De entrada se necesitaría al menos 3% de inscritos en el listado nominal y de al menos 17 entidades del país.

De ninguna manera se trata de un trámite sencillo, pero buscan estar preparados para un escenario de revocación de mandato.

PROSPECCIÓN… Desde Yucatán se reportan avances de una investigación de una posible red de despojo patrimonial que opera desde hace más de una década en la franja costera del estado. La red estaría integrada por figuras del ámbito político, notarial y empresarial, y habría facilitado la transferencia irregular de terrenos con alto valor comercial. Uno de los personajes señalados con mayor insistencia es Mario Peraza, exdiputado federal del PRI por el Distrito 2 de Yucatán —una zona que abarca municipios costeros de creciente plusvalía—, exdirector del Catastro durante el sexenio de Rolando Zapata Bello. Diversos testimonios apuntan a que, bajo su gestión, se habrían simulado actos legales para beneficiar a un reducido grupo de familias con fuerte peso político en la entidad. Fuentes locales afirman que afectados entregaron documentación y pruebas a las autoridades estatales. Tanto el gobierno del Estado como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tendrían en su poder denuncias formales que describen patrones similares de operación. Uno de los nombres que figura con mayor frecuencia es el del notario Carlos de la Mora Lizama, señalado por dar legitimidad jurídica a transacciones bajo sospecha. Se prevé que en los próximos días el caso llegue a la Comisión Permanente del Congreso.