En una determinación por demás increíble, el Instituto Nacional Electoral (INE) salió en defensa del partido en el poder.
Una queja en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas detonó la bomba mediática.
La Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, determinó imponerle la “ley censura” o “ley mordaza”, a Alito Moreno.
Y es que para la autoridad electoral la difusión de diversas publicaciones en redes sociales, contienen “expresiones presuntamente calumniosas”.
La queja interpuesta consiste en señalamientos a Morena como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de morena” y “narcopartido”.
De acuerdo al partido denunciante, “se le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
En consecuencia, la instancia electoral determinó imponerle a Alito Moreno medidas cautelares respecto de cinco publicaciones, reposteadas por la cuenta oficial del PRI.
La fundamentación consiste en que las publicaciones podrían constituir “la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante”, al asociarlo sin sustento con el narcotráfico.
El tema se convirtió en polémica desde el momento en que el gobierno de Donald Trump calificó a México como un “narco Estado” o un “narcogobierno”.
Una cascada de denuncias y señalamientos se han ventilado por funcionarios y agencias de Estados Unidos en el sentido señalado.
Las redes sociales -principalmente- les han dado vuelo a los señalamientos de presuntos vínculos de funcionarios y dirigentes políticos del régimen con el crimen organizado.
De inmediato, Moreno Cárdenas respondió, y denunció que el INE le prohibió calificar a Morena de “narcopartido”.
A través de un comunicado emitido por el PRI nacional, reiteran lo que “todo México y el mundo están observando: que Morena es un narcopartido al servicio del crimen organizado”.
El fallo del INE -señala la información- “no es más que una burda maniobra de intimidación política dictada desde el poder”.
Se trata de un intento desesperado por imponer la censura y una muestra inequívoca de que “el régimen busca instaurar una dictadura”.
La comunicación del partido que dirige Alejandro Moreno, advirtió que el presente régimen “pretenda usar a las instituciones del Estado para censurar y atentar contra las libertades de las voces de oposición”.
Mientras el país arde en violencia, extorsión y desapariciones, “la maquinaria gubernamental y sus operadores se arrodillan para exigir que se borren publicaciones en redes sociales”.
La dirigencia de Alito, denunció que la resolución del INE evidencia una “preocupante y alarmante pérdida de autonomía”.
El organismo electoral -remarcó- se convirtió en “el comité de censura del régimen”, al renunciar a su responsabilidad y transformarse en “cómplice por omisión de la destrucción de la democracia”.
“No vamos a guardar silencio ante este agravio”, recalcó. “No estamos dispuestos a permitir que conviertan a México en un cementerio de libertades”.
Estamos frente a un nuevo episodio de la lucha interpartidista, donde el árbitro electoral, casualmente toma partido e impone a uno de los actores la “ley mordaza”.
PROSPECCIÓN… En beneficio de más de 50 mil habitantes de las comunidades de la montaña y de San Miguel Topilejo, la alcaldesa de la demarcación, Gabriela Osorio, inauguró la Estación de Bomberos de los Pueblos de Tlalpan, número 19 de la Ciudad de México. Con una inversión de casi 30 millones de pesos, hoy se hace realidad un compromiso con las comunidades: llevar servicios dignos y de calidad a quienes más lo necesitan. Al evento acudieron Juan Manuel Pérez Cova “Jefe Vulcano”, director del Heroico Cuerpo de Bomberos; Pedro Martínez, director general Táctico Operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección; Isabela Rosales, titular de Eventos Públicos de la Secretaría de Gobernación, así como las diputadas y diputados Xóchitl Bravo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Alberto Chávez, Carlos Hernández Mirón, Leticia Haro, concejales y autoridades tradicionales. En círculos políticos llamó a la atención que en los últimos días las autoridades centrales y federales como la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la consejera jurídica de la Presidencial, Luisa María Alcalde, se hayan hecho presentes en la demarcación.
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