Sin Protocolo / Playa Las Cocinas

El conflicto de Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas, se explicaría más por los hechos que por los discursos, y esos hechos no favorecerían al alcalde de ese municipio nayarita Héctor Santana García.

El propio ayuntamiento habría reconocido que no existe permiso de construcción, y aun así la obra habría avanzado.

Las áreas de ordenamiento, licencias e inspección bajo el mando de Santana, habrían tenido la facultad de clausurar y no lo hizo, lo que abriría la pregunta central: ¿por qué se permitió que algo irregular siguiera su curso?

En los hechos, lo que debió resolverse en el escritorio habría escalado a bloqueos, protestas y presión social.

Asociaciones ambientalistas, prestadores de servicios y colectivos, estarían exigiendo respuestas básicas sobre quién permitió, quién dejó pasar y quién asumiría la responsabilidad.

La administración habría quedado atrapada en su propia contradicción, al reconocer la falta de permisos, pero no explicar por qué nunca se detuvo la obra, y ese vacío sería el que estaría alimentando el desgaste.

La obra, presuntamente vinculada a intereses de desarrollo turístico de alto nivel, habría avanzado sin freno, lo que apuntaría más a un problema de conducción que a un simple descuido administrativo.

El problema ya no sería la construcción en sí, sino la capacidad de gobierno, porque cuando un alcalde no puede explicar por qué una obra irregular avanzó en su territorio, el mensaje sería que habría perdido control operativo y político.

Bajo la ruta marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la legalidad no sería opcional, el caso se volvería difícil de sostener por lo que evidenciarían los hechos.

El hecho es más que claro: Playa Las Cocinas, ya habría marcado a Héctor Santana como un punto de inflexión en su gestión.

Y en ese cierre -nos dicen-, es donde la crítica se vuelve inevitable. No se trataría solo de una omisión administrativa, sino de una señal clara de debilidad en el ejercicio del poder.

Porque cuando una autoridad reconoce una irregularidad y aun así permite que avance, deja de ser un problema técnico y se convierte en responsabilidad directa.

En este caso, nos mencionan, Santana no solo habría fallado en detener una obra, habría fallado en ejercer gobierno, y esa es la clase de errores que terminan definiendo una gestión y cerrando cualquier aspiración futura.

PROSPECCIÓN… La bomba contra el gobierno de Claudia Sheinbaum por parte de la administración de Donald Trump, estalló mucho más pronto de lo esperado.  El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de la entidad: Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.  Todos están acusados del delito de tráfico de drogas y armas; además, de haberse asociado al Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Según el caso asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, algunos de los acusados participaron en hechos de violencia y represión del Cártel, incluido el asesinato de enemigos de la organización citada. A cambio los acusados recibieron millones de dólares. La denuncia también señala que Rocha Moya fue ayudado a ganar las elecciones en 2021 por “Los Chapitos”; tras su victoria prometió protegerlos. El expediente difundido la tarde de ayer, precisa que las sanciones van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua. La conclusión es que todo el gobierno de Rocha Moya estuvo o está al servicio del Cártel de Sinaloa. La cancillería mexicana, rechazó la petición de detención con fines de extradición por falta de pruebas.